Por: Santiago Ojea

En el año 1934, Estados Unidos decide devaluar el dólar tras la Gran Depresión y esto provoca una fuerte apreciación del bolívar en el mercado local. En ese momento, Venezuela contaba con una moneda respaldada en el patrón oro y con un flujo constante de divisas gracias al auge de la producción petrolera, lo que fortaleció de manera natural el poder de compra del bolívar. Frente a esta situación, y a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que optaron por devaluar sus monedas para proteger a sus sectores exportadores, el gobierno de Juan Vicente Gómez decidió no devaluar. Mediante el Convenio Tinoco, acordó fijar el tipo de cambio en 3,9 bolívares por dólar, permitiendo que la moneda se apreciara significativamente frente a la paridad histórica previa de 5,2 bolívares por dólar. Esta postura respondía en gran parte al orgullo del régimen por mantener un signo monetario sólido tras haber cancelado la totalidad de la deuda externa en 1930, pero también a la conveniencia de contar con importaciones baratas para abastecer el consumo urbano y desarrollar obras públicas. Sin embargo, el resultado inmediato fue un golpe severo a la rentabilidad del café y el cacao, cuyas cosechas ya venían sufriendo por la caída de los precios internacionales.

Al analizar esta situación cambiaria, no considero que la decisión de no devaluar el bolívar haya sido necesariamente un error. La apreciación de la moneda reflejaba un hecho económico real, ya que Venezuela se estaba consolidando como una potencia petrolera y recibía un volumen extraordinario de divisas. En la práctica, el país experimentaba lo que hoy conocemos como la enfermedad holandesa, donde la enorme productividad del sector petrolero fortaleció el bolívar, abarató los bienes importados y dejó en una posición muy difícil a las exportaciones agrícolas tradicionales. Forzar una depreciación de la moneda por decreto para devolverle competitividad al sector agrícola hubiese significado manipular los precios relativos de forma artificial. Una medida de ese tipo habría encarecido los productos importados y castigado directamente el costo de vida y el poder adquisitivo de la población, únicamente para proteger los márgenes de ganancia de un sector específico.

El verdadero dilema surge al evaluar la respuesta del Estado ante la crisis del campo. Para 1934, la industria petrolera empleaba a un porcentaje mínimo de la fuerza laboral, mientras que la gran mayoría de los venezolanos dependía directamente de la agricultura. Aunque bajo el fuerte control militar de Gómez una insurrección armada era poco probable, dejar que el sector rural colapsara de golpe implicaba un costo humano y financiero inasumible. La quiebra repentina de miles de familias campesinas habría desatado una gran crisis social. En una economía de mercado, las pérdidas cumplen una función informativa indispensable porque indican cuándo una actividad pierde rentabilidad relativa frente a otras, orientando a largo plazo la reasignación de los factores productivos, como el capital, el trabajo y la tierra. No obstante, en la Venezuela rural de la época, esa movilidad estaba lejos de ser fluida e inmediata.

El error de fondo no estuvo en haber auxiliado al productor rural ante una emergencia económica mundial, sino en la naturaleza del instrumento que se utilizó. En lugar de diseñar un apoyo condicionado a la reconversión y tecnificación, el gobierno optó por entregar subsidios ciegos, primas y bonificaciones directas a la exportación con los recursos del petróleo. Siguiendo la idea de Henry Hazlitt sobre lo que se ve y lo que no se ve, el auxilio resolvió la necesidad visible del agricultor en el corto plazo, pero generó una distorsión muy costosa en el largo plazo. Esta preocupación fue compartida de forma lúcida por Alberto Adriani, quien advirtió que la apreciación monetaria amenazaba con consolidar una economía parásita e importadora, pero insistió en que la salvación del agro no vendría de un asistencialismo pasivo, sino de abaratar los costos de transporte, modernizar los métodos de cultivo y tecnificar al productor. Subsidiar de manera indefinida una actividad que ya no es competitiva frena el ajuste y desvía recursos fiscales que debieron enfocarse en el lado de la oferta, priorizando la infraestructura vial, formación de capital humano, salud y seguridad jurídica, creando las condiciones para que surgieran sectores competitivos por mérito propio.

En conclusión, lo ocurrido en 1934 con el Convenio Tinoco muestra con mucha claridad la contradicción entre sostener una moneda fuerte y la tentación política de repartir la renta fiscal. Mantener el valor del bolívar tenía un respaldo productivo genuino en el petróleo, pero la decisión de compensar las pérdidas agrícolas mediante transferencias directas sentó las bases del modelo rentista venezolano. Fue la primera vez que el Estado utilizó el ingreso petrolero para mantener con vida artificial a un sector que el mercado ya no sostenía. Una medida que nació como un salvavidas frente a una crisis social terminó instalando la costumbre institucional de tapar cualquier ineficiencia productiva con el dinero del petróleo, postergando el desarrollo de una economía diversificada y sostenible.

Acerca del autor

Santiago Ojea es estudiante de Economía en la UCAB con Reconocimiento a la Excelencia Académica. Trabaja como asistente de consultoría e investigación en Summa, con especial interés en macroeconomía, finanzas corporativas y valoración de empresas.