Imagen: El País

Por: María Eugenia García y Jesús Martínez

Caracas, 07 de junio de 2021

Los puntos de vista aquí expresados son propiedad exclusiva del entrevistado y no necesariamente reflejan la opinión de Ceteris Paribus.

Desde hace días la situación política en Colombia ha estado bastante convulsa. Incluso en medio de una pandemia que ya deja un saldo de 3,5 millones de infectados y 90.890 muertos en el país, hasta el 04 de junio de acuerdo con el Ministerio de Salud. Los colombianos se han lanzado en masa a las calles desde hace más de un mes a protestar. Estas protestas, en su mayoría pacíficas, han derivado en ocasiones en actos vandálicos y en algunos focos de violencia en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali. El presidente de Colombia, Iván Duque, desplegó al ejército para contener los actos de violencia, pero esto solo ha logrado caldear los ánimos.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos explicó que ha sido testigo de “un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”, lo que ha dejado hasta la fecha un saldo de 3.789 casos de violencia policial, según la ONG Temblores. La Unión Europea, por su parte, expresó su condena a los actos de violencia, que apuntan “contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión”.

La razón del descontento, la presentación por parte del ahora ex ministro de Hacienda Alberto Carraquilla ante el Congreso de la propuesta de ley del proyecto de Reforma Tributaria o Ley de Solidaridad Sostenible mediante la cual el gobierno colombiano buscaba equilibrar las finanzas públicas que se han visto fuertemente afectadas a causa del enorme gasto que ha debido afrontar el país para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia de COVID-19.

Para sus propulsores, esta era una necesidad indiscutible para que la economía colombiana, golpeada en estos momentos por una severa crisis económica y una tercera ola de contagios, se mantuviera, como lo había hecho hasta hace poco, como la más estable de América Latina. No obstante, para sus muchos detractores, la reforma era inoportuna, o bien insuficiente o mal direccionada en cuanto a los sectores que conllevarían el peso fiscal. Pero si bien la reforma fiscal, ya descartada, fue lo que provocó las protestas en primera instancia, es claro que esta crisis también ha dejado a la vista otros profundos problemas socioeconómicos que ya arrastraba la nación neogranadina desde hace muchos años como la gran desigualdad social, una enorme polarización y una gran desconfianza en las instituciones.

“La Reforma Tributaria no fue la única causa de estas manifestaciones, puesto que en Colombia se han estado planteando una serie de reformas en temas de salud, justicia, trabajo, pensiones, entre otros. Reformas que son necesarias y que la Constitución las demanda, pero lastimosamente no ha existido la voluntad o disposición política de gran parte de nuestros dirigentes para discutirlas de forma que favorezcan al país» -Nicolás Quiñonez.

Este es un tema aún en proceso y de alta relevancia para la región. Para comprender un poco más a fondo las implicaciones económicas y sociales de las actuales protestas en Colombia y de la Reforma, hemos entrevistado a Nicolás Quiñonez Vega, economista colombiano en formación por parte de la Universidad Industrial de Santander, quien actualmente se desempeña como Director Departamental de Santander para la Alianza Global de Jóvenes Políticos de Colombia, una ONG internacional que conecta jóvenes líderes que vinculan los principios de “renovación, transparencia y democracia”.

Para empezar, ¿En qué consistió la Ley de Solidaridad Sostenible o Reforma Tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque? ¿Por qué causó tanta polémica entre los colombianos?

La ley de solidaridad sostenible o reforma tributaria consistía en tres ejes fundamentales, (i) la redefinición de la regla fiscal, (ii) el fortalecimiento y focalización del gasto social, y (iii) la redistribución de las cargas tributarias y ambientales. Bajo estos enfoques el gobierno nacional tenía el propósito de poder equilibrar el presupuesto y las finanzas nacionales que se vieron fuertemente comprometidas como consecuencia de las medidas adoptadas para hacerle frente a la emergencia de salud a causa del virus SARS-CoV-2 y todo el gasto público que ello conlleva.

La polémica de la reforma presentada por el gobierno nacional, bajo la responsabilidad del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, fue por una serie de artículos que gravaba a personas naturales y a la clase media del país con una mayor carga fiscal; dichos artículos tocaban temas como las partidas arancelarias de ciertos productos básicos, los cuales serían cargados con un impuesto al valor agregado (I.V.A) del 19%; un gravamen a las pensiones de los ciudadanos cuyos ingresos fueran superiores a los COP 4.841.000 (USD 1.325) y la delegación de facultades extraordinarias al presidente de la República para la supresión, modificación, fusión o venta de entidades de la rama ejecutiva (corriendo un alto riesgo con la posible venta de las empresas estatales de forma arbitraria sin ninguna necesidad).

Por otro lado, existía una contradicción entre aquello que daba a entender la reforma frente al discurso del oficialismo en cabeza del presidente de la república Iván Duque de cómo la llamada “economía naranja”, el desarrollo sostenible y las nuevas tecnología serían los ejes sobre los cuales la economía nacional iba a ser potenciada, pero en el artículo 36 del articulado mencionado anteriormente, se gravan dentro de la partida arancelaria del estatuto tributario los paneles solares, controladores de cargas para paneles y otros elementos complementarios, así como a las bicicletas – eléctricas – y otros medios de movilidad con energías renovables, cambios que no son coherentes con la actual preocupación frente a una crisis mundial a causa del cambio climático, los esfuerzos por un desarrollo sostenible, y la incorporación de nuevas tecnologías que potencien los procesos productivos de las naciones.

Por último, la gota que rebosó la copa, fue la propuesta de implementar una sobretasa del 19% a la gasolina, en uno de los países latinoamericanos con los precios de combustible a motor más costosos, y cuya sobretasa generaría como consecuencia un alza en los costos de transporte de los ciudadanos, de las mercancías en todo el territorio nacional, y como consecuencia, los precios de los alimentos sufrirían la tendencia de elevarse. Sin mencionar los demás gravámenes que iban a ser regresivos para los colombianos.

Lo que también causó una mayor polémica e indignación en la mayoría de los colombianos no fue el simple hecho de una reforma tributaria que aumentara la carga fiscal de los colombianos, sino también:

1. La desconexión del gobierno central frente al contexto y la coyuntura que está viviendo el país y el mundo a causa de la Covid-19, que ha puesto en riesgo los sistemas de salud de los países y sus economías, generando como consecuencia un aumento en los índices de pobreza y desempleo, que en Colombia se ubicaron en un 42,5% y un 15,9% respectivamente, lo cual hace que el concepto de reforma tributaria, que es necesaria para la nación y sus índices económicos, sea satanizado. Así, la necesidad de un ajuste fiscal en el país sin tener en cuenta el contexto social, político y económico que atravesamos como sociedad hace inviable llevar a cabo dicho ajuste.
2. La ignorancia de altos funcionarios del gobierno frente a cuestiones tan básicas como los precios de algunos insumos de la canasta básica familiar, como lo fue una respuesta dada por el ex Ministro de Hacienda cuando le preguntaron por el precio de la docena de huevos (respondió que COP 1.800 cuando su precio se encontraba entre los COP 7.000 y COP 8.000). Toda esa falta de conocimiento frente al estado de muchos de los productos de la canasta básica familiar generó una gran indignación en la población colombiana, teniendo en cuenta que dicho funcionario público era el encargado de una reforma que iba a elevar el precio de muchos productos de primera necesidad.

El resultado fue una reforma que desde el principio no iba a contar con el respaldo de la mayoría de las bancadas del Congreso, una reforma que tuvo una pésima comunicación y pedagogía con el ciudadano, que no era acorde con la realidad socioeconómica del país, y que no respondía a las diferentes necesidades que surgieron como consecuencia de la pandemia.

La Ley de Solidaridad Sostenible buscaba recaudar unos 23 billones de pesos en impuestos, es decir, alrededor de 6.300 millones de USD para cubrir el déficit. Tomando en consideración el masivo endeudamiento al que ha tenido que hacer frente el gobierno por las medidas para enfrentar la pandemia y el estado de la frágil economía colombiana ¿Qué tan necesaria era la reforma? ¿Cuenta realmente Colombia con vías alternas para conseguir este dinero?

La Reforma Tributaria era y es necesaria para el país, ya que, para mantener los índices de bajo riesgo, que a su vez mantengan la confianza de la inversión extranjera y las bajas tasas de interés de los préstamos internacionales, es necesario mantener determinado nivel de ingresos con los cuales se pueda respaldar el pago de las deudas que adquiera el gobierno colombiano, sin contar los requisitos económicos y fiscales que se tiene que cumplir para hacer parte de la OCDE. Con el aumento del gasto público durante el año 2020 y la caída en el PIB nacional, que tuvo una contracción del 6,8%, el gobierno se ha visto en la obligación de solicitar préstamos con los cuales se pueda subsanar el hueco presupuestal que se ha generado, pero, al mismo tiempo tiene la obligación de encontrar la manera de generar el impulso necesario al crecimiento económico y de la inversión para poder mejorar la producción nacional y potenciarla. Colombia es uno de los países de la región con la mayor inestabilidad en su regla fiscal del continente, siendo así, que en las últimas dos décadas han sido necesarias 12 reformas tributarias, lo cual genera mucha confusión en el contribuyente colombiano y en el inversor extranjero; tanto cambio y ajuste en el sistema tributario colombiano muestra la falta de seriedad con la planificación nacional en materia fiscal por parte de la gran mayoría de los dirigentes colombianos.

En estos momentos, no se tienen muchas alternativas de fácil implementación, y menos a puertas de las elecciones al Congreso y Presidencia que se van a llevar a cabo el próximo año. Sumándole a esto los altos indicadores de desempleo, pobreza y desigualdad por los que está atravesando nuestro país. Lastimosamente, el ego, el cinismo y la falta de empatía del gobierno nacional frente al malestar y los reclamos de la ciudadanía con respecto a muchas de las políticas gubernamentales, y, el oportunismo político/electoral de cierta parte de los partidos políticos o movimientos de la oposición hacen difícil, pero no imposible, un diálogo que lleve a una concertación respecto a una reforma tributaria estructural, justa y progresiva, tal como lo manda nuestra Constitución.

Aunque el panorama puede ser un poco más alentador que pesimista con la renuncia de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda. Ha sido designado como nuevo ministro José Manuel Restrepo, de quien se espera que logre un consenso con los diferentes partidos políticos para lograr así una reforma que logre un presupuesto equilibrado que no dependa del aumento de impuestos generalizados sobre bienes o en los servicios públicos. Por ende, aunque todavía gran parte de la población colombiana tiene su vista puesta en la reforma tributaria, los mercados esperan dicho ajuste, y los momentos turbios por los que atraviesa la nación, existe cierto optimismo frente a la posición conciliadora y de diálogo del nuevo Ministro.

Una de las críticas más importantes hacia la mencionada Reforma Tributaria es que ponía demasiado peso sobre la clase media que ha sido la más afectada por la pandemia ¿Por qué considera usted que se ponía tanto peso sobre el consumidor en comparación con las empresas? ¿Con esta reforma se estaba protegiendo al Sector Privado?

Cuando la mayor parte de los tributos son de corte regresivo, la clase que termina siendo más afectada es la del medio, aquella que no posee los subsidios, como el ingreso solidario y los programas del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), ni las subvenciones que las clases altas poseen, por ende, en la mayoría de los casos gran parte de los impuestos generalizados cuyo incremento afecta a la clase baja y los impuestos focalizados, como el impuesto al patrimonio o el impuesto a las pensiones de más de USD 1.325 que impacta a las clases altas, ambos, terminan afectando a la clase media.

Cuando se toca el tema fiscal y de pago de impuestos, con las empresas es un tema un poco contradictorio, ya que, dentro de los países miembros de la OCDE, Colombia es el segundo país que menos cobra impuestos como porcentaje de PIB nacional, pero al mismo tiempo es uno de los países que más les cobra impuestos corporativos a las empresas en un 31% de los ingresos. Esta reforma, así como fue redactada no le brindaba muchas exenciones o liberaba de impuestos a las compañías, lo que sí buscaba era el fomento al empleo formal aliviando la carga de algunos pagos de salud, pensiones y aportes a parafiscales para aquellas empresas que contraten empleados con las características y los tiempos que allí se definía. También, el incentivo a la creación de empleo era una herramienta con la que el gobierno quería recuperar y activar la tasa de empleo en nuestro país, y aunque también benefician a las empresas esos artículos (25, 26, 27 y 28), su objetivo principal no era beneficiar al sector privado, sino, ayudar a las personas a tener mayor facilidad de encontrar un empleo formal en medio de esta crisis. El querer pensar que con los ajustes fiscales que intenta realizar el gobierno siempre se beneficia o se protege al sector privado es un poco erróneo, o por lo menos no a la mayoría del sector privado, puesto que, la economía colombiana es compleja y diversa pero no lo suficientemente desarrollada.

El único sector que siempre se ha beneficiado de las diversas reformas fiscales y políticas gubernamentales, es el sector financiero que está principalmente en manos de tres grupos bancarios (Grupo Bancolombia, Davivienda y Grupo AVAL), los cuales poseen aproximadamente el 70% de participación del mercado bancario colombiano. Y son uno de los pocos sectores, junto con el del narcotráfico, que tuvieron crecimiento constante en las últimas dos décadas, incluido el año 2020; y es el sector más beneficiado con respecto a beneficios tributarios gracias a la inmensa influencia dentro del poder ejecutivo y legislativo mediante la práctica del lobby político. En pocas palabras, el verdadero sector privado de Colombia, aquel que lo componen las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son los que verdaderamente terminan respondiendo con la carga fiscal del sector privado, al no tener el contacto de las influencias políticas y de abogados para evadir o estar exentos de impuestos; son ese tipo de empresas la que dan empleo a la mayoría de colombianos y que injustamente les toca competir frente a grandes compañías que en la mayoría de los casos no pagan los tributos que les corresponden por Ley.

Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica después de Brasil, y el séptimo del mundo ¿considera usted que esta reforma venía a ser un aliciente adicional en el incremento de esta desigualdad?

Ciertamente nuestro país es uno de los más desiguales de la región y del mundo (donde el 10% gana 60 veces más que el 10% más pobre), y con respecto al Coeficiente GINI, Colombia está en los índices más groseros de desigualdad solo comparado comparable con países africanos y superado en Latinoamérica por Brasil.

Así que sí, totalmente, esto venía a ser un aliciente adicional en el incremento de esta desigualdad, porque la parte del articulado no solucionaba de raíz el problema fiscal y de presupuesto que sufre Colombia, sino que simplemente fue hecho para cumplir requisitos de organismos internacionales en el corto plazo, pero que crearía una reducción en el poder adquisitivo del colombiano promedio y aquella población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema, sin contar con el nuevo tipo de pobreza que surgió a raíz de las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad, y que se conoce como “pobreza oculta”. La sobretasa a la gasolina del 19% generaría un aumento proporcional, o tal vez mayor, en los precios de los productos básicos y de primera necesidad, así como los costos de transporte urbano y rural tanto de personas como de bienes o materias necesarias paras los procesos de producción. Sumándole a todo ello, el gravar nuevos productos de la canasta básica familiar con un IVA del 19% en tiempos de altos índices de desempleo, y en el que la producción de las empresas cayó, golpearía la capacidad de ahorro y de compra de la mayoría de los colombianos.

Con el rechazo a través de las protestas pacíficas ¿Podemos decir que la población colombiana aún no está lista para un aumento en la tributación?, pero si así, ¿Cuándo lo estaría? ¿Qué medidas económicas se deberían tomar en Colombia para que la población pueda afrontar mayores impuestos que, de cierta manera, los benefician?

Más que medidas económicas serían medidas sociales y administrativas, ya que los colombianos en sí no les disgusta el pagar sus tributos como tal, lo que ha generado cierto rechazo al cobro de los mismos, es el hecho que el dinero que se paga no ve reflejado de la mejor forma en la solución de los problemas o requerimientos de la sociedad. Los constantes casos de corrupción en la administración pública colombiana, escándalos como los sobornos de Odebrecht en Colombia (USD 55 millones), los Panama Papers en los cuales grandes personalidades de la política colombiana se vieron envueltos, los sobrecostos en la construcción de la refinería de Cartagena (USD 4.000 millones), los diferentes proyectos de infraestructura vial de tipo 4G que llevan más de 10 años en construcción pero en su mayoría no tiene más del 60% de la obra terminada, entre otros muchos casos en los cuales la corrupción malversa los recursos del Estado.

Para el año 2018, la Contraloría General de la Nación publicó un informe en el cual, por casos de corrupción, el estado colombiano ha perdido aproximadamente 50 billones de pesos (aprox. USD 17.000 Millones), lo que genera cierta resistencia por parte de los colombianos a tener una mayor carga tributaria, porque al ciudadano de a pie no le parece justo que lo que otros se roben el mismo Estado lo termine pagando, siendo el recaudo de dos reformas tributarias en un mismo año lo que la corrupción les quita a los colombianos.

Por ello, el primer paso que debe tomar el Gobierno nacional es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y demostrar que los recursos que se recaudan con los tributos están direccionados en un aumento del bienestar de los colombianos, que los recursos del Sistema General de Seguridad Social se invertirán en salud y buenas carreteras, y que los servicios públicos serán eficientes y eficaces para los consumidores. El recuperar la confianza es uno de los pasos primordiales para que la población colombiana pueda tener una mayor disposición a un aumento en la tributación. Todo ello sin desconocer los altos índices de empleo informal donde Colombia ocupa los primeros puestos (alrededor de un 50% del empleo en Colombia es informal), que en su mayoría no paga casi ningún tipo de impuestos, afectando en cierta medida la base tributaria y el cobro de impuestos directos sobre las personas naturales.

¿Qué podría esperarse de una posible reformulación de la Reforma? ¿Con cuáles aspectos concordaba y cuáles modificaría?

Como había mencionado anteriormente, hay muchas expectativas con el nuevo ministro de hacienda, José Manuel Restrepo antes a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es un economista con una carrera respetada y reconocida en el país, con clara disposición a un consenso nacional en el cual se pueda escuchar a todos los sectores económicos para poder formular una Reforma Tributaria conforme a la realidad socioeconómica colombiana. La falta de diálogo y la pésima comunicación del anterior Ministro fue una de las causas del malestar social y político que vive el país. Lo que se espera del nuevo proyecto de reforma es que sea en base al diálogo y al consenso con los diferentes sectores de la política y la economía colombiana.

Por otro lado, satanizar en su totalidad el proyecto de Reforma Tributaria que fue retirado es un error en el cual, por los menos los profesionales y estudiantes de las ciencias económicas, no podemos cometer. Propuestas como el impuesto a los plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar bienes, el impuesto nacional al carbono, el fomento al empleo, el impuesto temporal y solidario a los altos ingresos, el programa de ingreso solidario, así como, establecer los límites del gasto a nivel nacional, son algunas de las propuestas buenas que se deberían rescatar e implementar en la reformulación de la Reforma.

Ahora, el gobierno nacional debe tener muy claro que en la nueva reforma no cabe la posibilidad de proponer impuestos de corte regresivos que directa o indirectamente afecten los precios de productos de la canasta básica familiar, ya que el contexto social no lo permite, como un aumento en los productos gravados con el IVA, o una sobretasa a la gasolina, con las condiciones mencionadas anteriormente, va a generar un rotundo rechazo e indignación en la población. En estos momentos, aunque a muchos no nos guste cierto tipos de medidas, un impuesto temporal a los altos ingresos podría ser una de las propuestas más controversiales, pero que por la coyuntura nacional debe ser implementado por un periodo de máximo de 4 años, pero no solo a los altos ingresos de personas naturales, sino a sectores de la economía que hayan crecido en el 2020 e históricamente hayan gozado de enormes beneficios tributarios. Es gracias a la baja carga fiscal que progresaron en su momento, y bajo un contexto como este, deben ser conscientes que así como el Estado les ha ayudado de diversas formas, ahora deben ser estos grandes sectores los que ayuden al Estado a salir de estas amargas épocas, a eso se le conoce como responsabilidad fiscal y empatía económica.

El presidente Iván Duque retiró el proyecto de Reforma Tributaria y, además, renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, principal impulsor de la misma, pero las manifestaciones continúan en el país ¿qué otros factores se encuentran en juego?

Primero hay que entender que la Reforma Tributaria no fue la única causa de estas manifestaciones, o “estallido social” como algunos politólogos lo han denominado, puesto que en Colombia se han estado planteando una serie de reformas en temas de salud (que no alcanzaron a tener el respaldo en el Congreso), justicia, trabajo, pensiones, entre otros; reformas que son necesarias y que la Constitución las demanda, pero lastimosamente no ha existido la voluntad o disposición política de gran parte nuestros dirigentes para discutirlas de forma que favorezcan al país.

También, ha influido el malestar de una población hacia un mandatario que ganó las elecciones presidenciales en gran medida gracias al temor y el miedo en lugar de propuestas de un proyecto de país y nación. Como es bien conocido, la campaña del partido político con el cual llegó el presidente Iván Duque al poder, se basó en un discurso del miedo a la “tragedia venezolana”, que genera indignación a muchos colombianos.

Entonces, cuando un dirigente político utiliza el miedo, el temor y el odio como base para llegar al poder, en lugar de propuestas y soluciones a los diferentes problemas coyunturales de la sociedad, su destino es el fracaso, la impopularidad y la pérdida de autoridad frente al ciudadano de a pie, porque a los ciudadanos no les preocupa si su país cambia de nombre o si sus dirigentes son de izquierda o de derecha, cuando no encuentran oportunidades de progresar y desarrollarse como profesionales, cuando ven que la corrupción de la clase política genera pobreza, desigualdad y violencia, cuando ven el fracaso del gobierno en la administración del estado como el principal problema.

Sumado a todo, Colombia no ha tenido la oportunidad de plantear un verdadero proyecto de país y de nación, como lo han hecho la mayoría de países latinoamericanos. La gran parte de nuestra historia republicana ha estado marcada por una violencia interna casi ininterrumpida, en la cual la disputa por el control del Estado ha sido más importante que nuestro país y todas sus dinámicas necesarias para lograr un desarrollo, tanto económico como humano. Y aunque deseara ahondar en los diferentes motivos sociales y políticos por los cuales muchos colombianos están marchando hoy en las calles, simplemente no alcanzaría el tiempo; pero, lo que sí es cierto es que la ciudadanía está cansada de décadas de violencia, de malas políticas (públicas, sociales, económicas, sectoriales, etc.), de una clase dirigente mediocre, de la corrupción gubernamental y de una pequeña parte del sector privado que se aprovecha de las arcas del Estado, en pocas palabras, los ciudadanos quieren un cambio en la forma como se maneja el país, en la que Colombia sea un país competitivo, con un crecimiento y desarrollo económico sostenido, donde las empresas no tenga la limitante de las influencias políticas para poder crecer, en donde, el gasto social se focalice en quienes realmente los requieren, en donde las pocas empresas públicas no sean fortines de las mafias políticas y poder erradicar los capitales e influencia del narcotráfico en la dirigencia política colombiana. Una Colombia con una verdadera economía de mercado en la que cualquier empresario tenga la libertad de participar en una economía que respete el libre competencia sin la existencia de carteles económicos, en la que se reduzcan los costos de transacción con un buen sistema de vías nacionales, y donde el capital intelectual no se fugue del país por la falta de oportunidades en el mercado laboral colombiano. Una Colombia verdaderamente productiva, competitiva y con una dirigencia competente.

¿Cuáles son las demandas del Comité Nacional del Paro y cuál es su opinión respecto a ellas? ¿es realmente factible en términos de capacidad financiera del Estado cubrirlas? ¿representan verdaderamente la opinión generalizada de los colombianos?

El “Pliego de Emergencia”, como es llamado el pliego de exigencia del Comité Nacional del Paro, está conformado por 6 puntos, los cuales tratan sobre (i) la intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, (ii) una renta básica de un salario mínimo legal vigente para treinta millones de colombianos por un periodo de seis meses, (iii) la defensa de la producción nacional, así como la defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria en base a la producción agropecuaria nacional, (iv) el apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública, (v) la derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social de las mujeres, y (vi) la no privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.

La mayoría de los puntos de dicho pliego son un alternativa de solución para la situación de muchos colombianos que se han visto afectados económicamente por la pandemia que estamos atravesando; y aunque la mayoría de las exigencias allí plasmadas pueden ser realizables, la única exigencia con la cual el Estado colombiano no tiene una completa capacidad financiera es con la renta básica para 30 millones de colombianos, debido a que el presupuesto necesario para este gasto público es de más de COP 26 billones (USD 7.100 millones), siendo el presupuesto de lo que la anterior reforma tributaria buscaba recaudar. Aunque el mismo comité ha propuesto alternativas de recaudo para conseguir esa cantidad de dinero, la única viable financieramente, aunque difícil de implementar, es la de suspender las exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero, pero que generaría un gran malestar en el sector y en caso de ser aprobado, la demora en el recaudo es una dificultad por el tipo de renta que se exige.

Sin embargo, una parte de la población colombiana, en su mayoría los jóvenes entre los 16 y 28 años no se sienten representados por dicho Comité del Paro Nacional, debido en gran medida por las diferentes dinámicas que la protesta ha generado. Los jóvenes son la mayoría de los manifestantes que hacen presencia en las diferentes jornadas de protestas en todo el territorio nacional, en pocas palabras, somos los que hemos mantenido el impacto del Paro Nacional, y al tiempo han sido los jóvenes los principales afectados por la brutalidad policial con la que el Estado ha respondido a las manifestaciones que se han convocado desde el 28 abril de este año. Para los jóvenes no es justificable que después de un mes de Paro Nacional, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se hayan registrado 71 asesinatos en el marco del Paro Nacional, en su gran mayoría civiles jóvenes, con más de 1.500 detenciones arbitrarias por parte de los agentes del estado hacía manifestantes, más de 3.405 casos de violencia y brutalidad policial hacia civiles, 22 víctimas de violencia sexual por parte de uniformados y 175 casos de disparos de arma de fuego hacía civiles, también por parte de uniformados, y las 129 personas desaparecidas según un informe de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hasta la fecha del 30 de mayo del presente año. Estos hechos han generado la indignación de todos los jóvenes del país, que ha llamado la atención de organismos internacionales de Derechos Humanos y hasta en el mismo Senado de los Estados Unidos, 55 senadores han hecho pública su preocupación ante las múltiples denuncias de abuso policial y uso de armas de fuego contra civiles por parte de la policía, en ocasiones acompañados de agentes paramilitares urbanos. Todo ha hecho que los jóvenes colombianos no se sientan representados por un Comité, que en su mayoría lo conforman las organizaciones sindicales, ambientales, raizales y diversas, que no han expresado de forma categórica su rechazo frente a la violencia que han sufrido los jóvenes por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares. Por eso, aunque los jóvenes no quieren presentar sus exigencias hasta que el gobierno nacional no detenga la violencia hacia los manifestantes, una exigencia que es muy clara es la reforma a la Policía Nacional.

De hecho, en la noche del viernes 4 de junio mientras contestaba esta entrevista, dos jóvenes fueron asesinados por impacto de bala en la cabeza mientras participaban de una jornada de manifestaciones en la ciudad de Cali.

¿Cuál ha sido el impacto económico del Paro Nacional y las protestas llevadas a cabo en el país durante las últimas semanas?

El impacto económico ha sido claramente notorio en la mayoría de los sectores de la economía nacional, y un mes después de inicio del paro se ha empezado a sentir en gran parte del territorio nacional, más por la escasez de ciertos productos y alimentos que por los precios de la mayoría de productos y alimentos que han sufrido variaciones dependiendo de la región y el departamento, siendo la región del Pacífico y los Llanos Orientales las regiones más afectadas por los bloqueos y el difícil acceso hacía algunos departamentos en los que el estado de las carreteras influye.

En cuestión de cifras, la economía nacional ha perdido por día alrededor COP 484.000 millones (aprox. USD 133 millones), hasta la fecha por el Paro Nacional y las dinámicas que se derivan del mismo, lo que le ha costado a la economía colombiana entre COP 15 billones y COP 17 billones (entre USD 4.000 millones y USD 4.600 millones), poniendo en alto riesgo más de 1.300.000 empleos entre directos e indirectos. El sector más afectado es el de infraestructura con 712.000 empleos varados por la falta de materias para la construcción, seguido por el sector del comercio, el cual tiene cerca de 472.000 trabajadores a punto de perder sus empleos. El sector agrícola se ha visto fuertemente golpeado de igual forma, con pérdidas de más de 2 billones de pesos (USD 546 millones) debido al represamiento de más de 800.000 toneladas de alimentos hasta la fecha, generando en la mayoría de los casos una pérdida de los alimentos que termina en contenedores de basura, ello ha obligado a muchos campesinos y productores agrícolas a participar de campañas de los mismos ciudadanos que se convocan en las ciudades en un lugar y fecha determinada para que los colombianos le compren al campo colombiano, haciendo que los productos no se pierdan y los campesinos puedan recuperar su inversión al producir los alimentos.

Según distintas estimaciones, la recuperación económica se demoraría entre uno a tres años, dependiendo del sector. Con las condiciones en la que se han visto los empresarios y productores colombianos, recuperar la productividad y los niveles de empleo puede ser menor, siempre y cuando el gobierno nacional logre negociar una salida rápida al Paro, y se implementen políticas económicas que ayuden a las regiones más afectadas por la crisis social y política que atraviesa el país. Y aunque pareciera, que con esta afectación de la economía los colombianos no seguirán dando respaldo al Paro Nacional, ha sido una reacción un poco diferente, según una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, a pesar de que el 60% de los encuestados se ha visto afectado y un 67% afirma que si el Paro Nacional continúa se verán fuertemente afectados, 73% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo con la protesta social, las manifestaciones y las causas de los jóvenes que están protestando. Lo que deja ver, en cierto sentido, es que la población colombiana quiere un cambio en el país y que a pesar de que su economía se pueda ver afectada, la indignación y la indiferencia de la clase política dirigente es más grande que el temor al contagio del Covid-19 o los constantes abusos de las fuerzas policiales bajo el mando del presidente de la República. Cabe resaltar que también una gran mayoría rechaza la violencia que se ha infiltrado en algunas de las manifestaciones, y que no representan a la protesta social de los colombianos.

¿Cuáles son sus previsiones en el corto y mediano plazo en cuanto al desenlace de esta crisis política y económica de Colombia? ¿En qué posición afrontará Colombia los meses venideros considerando la crisis de flujo de caja que ha generado la pandemia, así como otros aspectos que afectan a la economía colombiana?

Es interesante ver como el hecho de cómo un Paro Nacional deja entrever las fallas de nuestro sistema político, todo por una serie de reformas promovidas por el Poder Ejecutivo pero que tenían que ser discutidas por el Poder Legislativo como contra peso y mecanismo en el que la democracia representativa hace control frente al Presidente de forma que lo que este promueve sea para el bienestar de la mayoría de los colombianos. Pero Colombia es uno de los países con los índices más bajos del mundo de confianza en sus instituciones y gobiernos, donde solo el 8,2% de los colombianos confían en el gobierno, el 35,9% tiene poca confianza y el 56,9% su confianza es nula. Lo que debería ser una garantía para los colombianos. Es decir, que las reformas formuladas no sean aprobadas si estas van en contra del bienestar nacional, no es seguro por lo que estos se ven obligados a salir a las calles para ser escuchados por su malestar. Esta crisis se pudo haber evitado, si las diferentes instituciones u organismos estatales gozaran de la confianza de los colombianos y colombianas, ya que ningún tipo de proyecto de Ley, política gubernamental o iniciativa legislativa que vaya en contra de los intereses de la nación debería ser admitido o aprobado.

Ahora bien en cuanto al estado actual de las cosas, el hecho de que en Colombia estemos a menos de un año de las elecciones presidenciales y al Congreso hace que difícil que una previsión en cuanto a desenlace de esta crisis termine siendo acertado, ya que las dinámicas sociales y políticas que la misma coyuntura han generado no se habían previsto, muchos analistas no veían posible que el Paro Nacional fuese a durar más de tres semanas, pero ya lleva más de un mes. Aunque se puede ver la presión tanto de la ciudadanía, como de diversos actores de la política nacional e internacional, hacia el gobierno nacional para lograr una salida rápida, concertada y con metas que logren ir solucionando los problemas que desencadenaron el Paro Nacional.

En el corto plazo, si bien el Banco de la República había pronosticado un crecimiento del 5,5%  en la producción nacional, es muy probable que las jornadas de manifestaciones y protestas con sus diferentes matices no permitan que el país llegue a esa cifra, siendo más probable un crecimiento del 4% y el 4,6% en el PIB (siempre y cuando el Paro se levante a mediados de este mes, junio). Esto puede parecer un panorama oscuro para la economía del país, pero siempre hemos encontrado la forma de salir adelante en los peores momentos, hemos logrado mantener una economía respetable en la región a pesar de ser el único país de la región con un conflicto armado interno, lo que hace que esta crisis sea un simple tropezón del cual saldremos más fortalecidos. Con respecto a la situación del país en el mediano plazo, la economía podrá recuperarse sin mayores problemas siempre y cuando el contexto político y social lo permitan, porque lo que no hayamos aprendido y aplicado con esta coyuntura nacional para mejorar como país será la discordia que nos espere en el futuro. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de elegir bien a dirigentes capacitados, con idea de país por encima de egos políticos, nuestro futuro en el mediano plazo dependerá de ello, porque un país por más rico que sea en materia económica, recursos naturales, capital humano e intelectual, si no tiene instituciones fuertes y que gocen de la confianza de los ciudadanos, lo cual genera un Estado fuerte y democrático, no tendrá un futuro bueno y próspero en lo social, en lo económico y lo político.